Extremadura: el peligro de una campaña en clave nacional

El próximo 21 de diciembre se abrirán las urnas en Extremadura. Se trata de la primera cita electoral en España desde las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, por lo que todas las miradas se posarán sobre esta comunidad autónoma en un contexto de creciente incertidumbre acerca del futuro de la legislatura nacional. Los partidos políticos tendrán ocasión para medir sus fuerzas tras año y medio de escándalos de corrupción, de polémicas gestiones de catástrofes naturales y de dudas sobre la diligencia en la prestación de servicios públicos, que han afectado a administraciones públicas dirigidas por las dos principales formaciones.

Dos años y medio han transcurrido desde las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 28 de mayo de 2023. 29 meses ha durado la legislatura más convulsa en la historia de esta comunidad autónoma, acostumbrada a un parlamento regional con mayorías claras y a gobiernos estables de cuatro años. La noche electoral dejó a los socialistas como vencedores nuevamente en votos, pero empatados a 28 escaños con un PP que estrenaba candidata, María Guardiola. Unidas por Extremadura obtuvo sólo cuatro diputados, mientras que Vox decantó la balanza definitivamente para el bloque de las derechas logrando sus primeros cinco diputados autonómicos. Así las cosas, las únicas opciones eran que Guardiola recabase los votos de la formación de Santiago Abascal o que PP y PSOE llegasen a un entendimiento para facilitar la investidura del otro, en una nueva edición del ya clásico debate sobre la mayor legitimidad para gobernar de la fuerza más votada o de la que pueda conseguir un mayor apoyo parlamentario.

Resultados de las elecciones del 28-V-2023. Fuente: Wikipedia

La formación del nuevo gobierno extremeño atrajo ya entonces la atención de la opinión pública nacional, dado lo inesperado del vuelco electoral y la vacilante estrategia de los dos candidatos a dirigirlo. Por un lado, Guillermo Fernández Vara, el presidente saliente –fallecido el pasado 5 de octubre–, anunció la noche electoral su retirada de la política, aceptando que no tenía apoyos para ser reelegido para el cargo, para tan sólo unas horas más tarde declarar que lucharía por la investidura como cabeza de la lista más votada. Por el otro, María Guardiola inició una serie de declaraciones contradictorias acerca de su relación con Vox, sólo para terminar asumiendo que el pacto con este partido era su única posibilidad de ser presidenta. Esto sumado a la inmediata convocatoria de elecciones generales, con una campaña centrada en la posibilidad de que la derecha populista llegara al gobierno nacional por primera vez, dieron a Extremadura un protagonismo inusitado en la política nacional.

El acuerdo de gobierno entre las derechas duró tan solo un año, debido a la decisión de la dirección nacional de Vox de abandonar los ejecutivos regionales en julio de 2024. Desde entonces, el gobierno presidido por María Guardiola ha permanecido en minoría, pese a haber alcanzado acuerdos puntuales con los de Abascal como la sustitución de la Ley de Memoria Histórica por la llamada «Ley de Concordia». Sin embargo, ya a finales de 2024 se evidenció que la relación entre ambas fuerzas no iba a recomponerse fácilmente, pues la iniciativa para aprobar los nuevos presupuestos de la región fracasó, momento en que se produjeron los primeros rumores de adelanto electoral.

2025 ha sido un año de grandes polémicas en la comunidad autónoma. La investigación al hermano del Presidente del Gobierno por su actividad en la Diputación de Badajoz terminó salpicando al nuevo secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, poniendo nuevamente a Extremadura bajo el foco del debate político nacional. Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena durante 20 años, ha sufrido un acelerado proceso de desgaste en su liderazgo; acusado de estar implicado en el Caso Azagra, sus maniobras de dudosa legalidad y aún más cuestionable moralidad para lograr el aforamiento dejan al PSOE en una posición muy debilitada de cara a los próximos comicios.

No ha sido un año fácil tampoco, desde luego, para María Guardiola. El devastador incendio de Jarilla en agosto metió de lleno a Extremadura en la discusión sobre la deficiente coordinación entre las administraciones autonómica y nacional para abordar la oleada de desastres naturales. Sólo un mes más tarde, el nuevo curso escolar comenzó sin que miles de niños pudieran utilizar el transporte escolar para llegar a sus centros. La exigencia de mejores precios por parte de las empresas transportistas, vulnerando un acuerdo marco aprobado en 2024, puso en jaque a la Consejería de Educación de la Junta ante la desesperación de las familias. Si bien el problema se atajó a los pocos días, una nueva y masiva huelga de docentes ha avivado la polémica sobre la gestión de los servicios públicos. Es en este contexto cuando se produce el intento de negociación de los nuevos presupuestos, cuyo fracaso ha llevado a la presidenta a poner fin a esta corta pero intensa legislatura y disolver anticipadamente por primera vez la Asamblea de Extremadura.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anuncia la disolución de la Asamblea el 27 de octubre de 2025. Fuente: Junta de Extremadura

A la vista de todo lo anterior, cabe preguntarse qué se vota en Extremadura el 21 de diciembre. Toda la legislatura ha estado marcada, sin lugar a dudas, bajo el signo de las dinámicas políticas nacionales. Las sonrojantes retractaciones de Vara y Guardiola en 2023, la salida  de Vox del gobierno en 2024, la falta de comunicación con el Gobierno nacional para extinguir el fuego en Jarilla este mismo verano o los intentos de Gallardo de sortear a la justicia denotan la preocupante capacidad de injerencia de la que se goza en Moncloa, Génova o Bambú. Extremadura corre el riesgo de verse arrastrada a una campaña condicionada por la lucha entre partidos a escala nacional en vez de por propuestas concretas para solucionar los importantes problemas que afronta como comunidad autónoma. Las necesidades de los extremeños pueden quedar en un segundo plano en medio del fragor de la batalla que libran entre sí las derechas desde hace unos meses, y estas a su vez contra un Gobierno central asediado por las sospechas de corrupción y la falta de apoyos parlamentarios. Esto sumado a la debilitada credibilidad de los principales candidatos hace crecer el temor a un periodo electoral teledirigido desde Madrid, cuando debiera ser una oportunidad de confrontar ideas sobre lo que debe ser Extremadura.

Sólo queda confiar en el buen criterio de los extremeños, en que logremos arrastrar a nuestros dirigentes a debatir sobre lo realmente importante para nuestra tierra en vez de prestarse a estrategias de partido. Que esta cita electoral en solitario sirva para ponernos en el mapa, pero no por ser el primer capítulo de un nuevo ciclo electoral nacional, sino como ejemplo de responsabilidad y lucha por nuestra dignidad como región. Ese debe ser el significado que demos al próximo 21 de diciembre.