Las claves del "caso residencias"
- Raquel Lobo Antuña
- hace 1 día
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Los tres ex altos cargos de Ayuso están investigados por los fallecimientos desproporcionados en las residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de 2020.
El 31 de enero de 2020 se confirmó en España el primer caso de coronavirus. La expansión del virus fue rápida y, en cuestión de semanas, lo que parecía un episodio aislado se transformó en una emergencia sanitaria de alcance mundial que mantuvo a la población en vilo durante más de tres años.
Según datos del INE en 2022 la pandemia había provocado 467.417 fallecimientos en España. La cifra continuó aumentando hasta que la emergencia sanitaria fue declarada oficialmente finalizada el 4 de julio de 2023.
Las personas mayores constituyeron el grupo más vulnerable frente al virus. La elevada prevalencia de dependencia funcional, síndromes geriátricos y enfermedades crónicas contribuyó a que este colectivo registrara las tasas más altas de mortalidad asociadas a la COVID-19.
¿Qué ocurrió en las residencias madrileñas y por qué se está investigando?
En los dos primeros meses de la pandemia , marzo y abril de 2020 , se registró un número desproporcionado de fallecimientos en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid
Segun los datos que nos ofrece el estudio liderado por Maria Victroia Zunzunegui, Francçois Béland y Fernando J. García, expertos en ciencias de la salud y epidemiología, hubieron 9468 muertes de residentes, 2178 murieron en hospitales y 7290 murieron en sus propias residencias.De las 7,290 personas que murieron dentro de las residencias, la gran mayoría (64%) murió con síntomas claros de COVID, pero sin una prueba que lo confirmara. Solo el 15% tuvo un diagnóstico oficial.
Esto motivó que meses después de lo ocurrido , 109 familiares de los difuntos en estas residencias buscarán explicaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Ahora buscan la verdad por la vía judicial.
Lo que se está poniendo en el punto de mira es la gestión de las residencias de mayores por parte de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la COVID-19. En concreto, se investiga la aplicación de protocolos que limitaron o impidieron la derivación de residentes a hospitales cuando su estado de salud era grave o preocupante.
Entre los investigados figuran tres ex altos cargos del primer Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. Los documentos objeto de controversia, conocidos públicamente como “protocolos de la vergüenza”, habrían sido firmados por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur.
También está siendo investigado Francisco Javier Martínez Peromingo, quien coordinó el denominado “protocolo técnico” y posteriormente sustituyó a Mur en el cargo. A la lista se suma Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el servicio de emergencias encargado de la gestión de ambulancias públicas en la región durante la pandemia.
En la causa judicial se incluye igualmente a los geriatras de enlace de los hospitales Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Hospital Universitario Puerta de Hierro.
A los investigados se les atribuye, de forma provisional, un presunto delito de denegación discriminatoria. Los juzgados deberán determinar, entre otras cuestiones, si los protocolos cuestionados se ajustaban al marco legal vigente en el contexto del estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, así como valorar el impacto de factores como la escasez de recursos materiales y sanitarios que afectaba a los centros residenciales antes y durante la crisis sanitaria.
¿Qué es un geriatra de enlace?
Un geriatra es un médico especializado en personas mayores. Sin embargo la figura del “geriatra de enlace” fue creada en la primera ola del virus en la Comunidad de Madrid.
El propio Peromingo (investigado), explica esta figura en un vídeo de medicina televisión. Dice, asimismo, que los geriatras de enlace:
Traen asistencia geriatrica a domicilio para las personas que vivian en residencias.
En mayo de 2020 se implementó un nuevo modelo y se contrató a 55 geriatras para garantizar la asistencia. En abril de 2022, se estabilizaron esas plazas.
Mantenian una comunicación con atención primaria y centros sociosanitarios.
Garantizan que la transición de la residencia al hospital y viceversa fuera lo mejor posible.
¿Qué conlleva un delito denegación discriminatoria en este caso?
La clave está en el tipo de delito que se denuncia. A diferencia del homicidio imprudente o de la omisión del deber de socorro, el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria no exige demostrar que una decisión concreta causó directamente la muerte de un residente.
En los delitos anteriores, los jueces necesitaban probar una relación causa-efecto: es decir, que una persona murió específicamente porque no fue trasladada al hospital o porque no recibió atención. Esa prueba es muy difícil de establecer de forma individual, especialmente en un contexto de pandemia y colapso sanitario, y por eso muchas causas se archivaron.
Sin embargo, en el delito de denegación discriminatoria el foco cambia. Lo que se investiga no es tanto si una decisión provocó una muerte concreta, sino si se negó el acceso a la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. En este caso, los denunciantes sostienen que algunos residentes no fueron derivados al hospital por su grado de dependencia física, discapacidad o deterioro cognitivo.
Por tanto, jurídicamente bastaría con acreditar que existió una exclusión basada en esas condiciones personales —y no únicamente en criterios médicos individualizados— para que el delito pudiera apreciarse, independientemente del resultado final en cada caso.
Las últimas actualizaciones que se pueden aportar en el caso a día de hoy es el rechazo de la Audiencia Provincial de Madrid a la creación de una macrocausa única, lo que significa que las investigaciones continuaran por el momento de forma separada, juzgando de manera individual cada una de las denuncias por fallecimientos y posible discriminación sanitaria en las residencias.
Esta decisión, que pone fin a la idea de agrupar todos los casos bajo un solo procedimiento, complica la estrategia de las asociaciones de familiares que pedían una vista conjunta para fortalecer la posible responsabilidad penal de los altos cargos y, por extensión, de instancias políticas superiores.
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