Cuatro verdades sobre la intervención en Venezuela y el colapso del derecho internacional
- Uxía Blanco
- hace 3 días
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Durante más de dos décadas, Venezuela ha sido el escenario de una confrontación que va mucho más allá de sus fronteras. Bajo el discurso de la democracia y la soberanía, Estados Unidos y el chavismo han convertido el país en un campo de batalla político, jurídico y narrativo, donde el derecho internacional se invoca solo cuando conviene y se ignora cuando estorba. Para entender el golpe del 3 de enero y la actual escalada, es imprescindible volver al origen del conflicto: la Revolución Bolivariana.
Antecedentes: la Revolución Bolivariana
La relación entre Estados Unidos y Venezuela entró en una fase de confrontación abierta a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. La denominada Revolución Bolivariana supuso una ruptura con la tradicional alineación de Caracas con Washington, tanto en política exterior como en el control de los recursos energéticos. La nacionalización progresiva del sector petrolero y el discurso abiertamente antiestadounidense convirtieron a Venezuela en un actor incómodo en una región históricamente considerada por Estados Unidos como su área de influencia.
El primer punto de inflexión se produjo en abril de 2002, con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez. Aunque la implicación directa de Estados Unidos sigue siendo objeto de debate académico, documentos desclasificados y declaraciones posteriores confirmaron que Washington apoyó política y diplomáticamente a sectores de la oposición venezolana. A partir de ese momento, la desconfianza mutua se consolidó y la política estadounidense pasó a orientarse hacia la contención del chavismo.
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un sistema profundamente dependiente del petróleo y cada vez más debilitado institucionalmente. La crisis económica, agravada por la caída de los precios del crudo, derivó en una creciente conflictividad social y en un proceso de concentración de poder por parte del Ejecutivo. La anulación práctica de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2015, marcó un punto de quiebre constitucional que diversos actores internacionales calificaron como una ruptura del orden democrático.
Estados Unidos intensificó su presión mediante sanciones económicas y financieras, primero dirigidas a altos cargos del régimen y posteriormente extendidas a sectores estratégicos de la economía venezolana. Estas medidas, adoptadas de forma unilateral y fuera del marco del Consejo de Seguridad de la ONU, fueron justificadas por Washington como instrumentos para forzar una transición democrática, pero han sido criticadas por sus efectos sobre la población civil y por su dudosa compatibilidad con el derecho internacional.
Juan Guaidó y la internacionalización del conflicto
El conflicto se internacionalizó definitivamente en el año 2019, cuando Estados Unidos y varios de sus aliados reconocieron a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, desconociendo a Nicolás Maduro. Además, Pedro Sánchez, después de reconocer a Guaidó como Presidente de la Asamblea de Venezuela, subrayó la necesidad de convocar unas elecciones libres, democráticas y con garantías en el menor plazo posible.
Esta decisión supuso un precedente en términos jurídicos y profundizó la polarización interna, al tiempo que reforzó la narrativa del chavismo sobre una injerencia extranjera que quería provocar un cambio de régimen.
Desde entonces, la estrategia estadounidense ha combinado presión económica, aislamiento diplomático y apoyo político a la oposición, sin lograr una salida estable a la crisis venezolana. Lejos de provocar una transición democrática, estas medidas han contribuido a cronificar el conflicto y a consolidar un escenario en el que la legalidad internacional, la soberanía estatal y los derechos humanos quedan subordinados a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
El golpe del 3 de enero
Estos antecedentes explican por qué el ataque militar del 3 de enero de Estados Unidos en Venezuela no puede analizarse como un episodio aislado, sino como el resultado de una confrontación prolongada, marcada por la instrumentalización del discurso y por el progresivo debilitamiento de las normas que rigen el derecho internacional.
La intervención de Trump se ha convertido en un campo de falsas dicotomías. O se condena a Maduro y se justifica a Washington, o se critica a Estados Unidos y se acaba relativizando la naturaleza autoritaria del chavismo. Sin embargo, es perfectamente compatible —y políticamente honesto— sostener cuatro afirmaciones que muchos se empeñan en presentar como excluyentes:
Estados Unidos vulnera el derecho internacional y su propio derecho interno al intervenir en Venezuela.
Nicolás Maduro vulneró el derecho constitucional venezolano y dio un golpe de Estado desde dentro del sistema.
La prioridad de Washington no es liberar a los venezolanos.
La caída de una dictadura es una buena noticia.
EEUU vulneró el derecho internacional y su propio derecho interno
Estados Unidos actuó en Venezuela al margen del marco legal internacional. Ya que, no existió una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que legitimase la intervención armada ni las sanciones económicas unilaterales que han estrangulado al país durante años.
En este contexto, la Carta de las Naciones Unidas, de la que EEUU es parte, contiene varios artículos clave para evaluar legalmente la situación.
Artículo 2.4: Prohibición del uso de la fuerza y de la intervención: “Todos los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza"
Este artículo, pilar del derecho internacional moderno, prohíbe que un Estado use la fuerza (incluida la intervención militar) contra la soberanía o la independencia de otro Estado sin autorización del Consejo de Seguridad o sin un caso claro de legítima defensa.
Artículo 2.7: No intervención en asuntos internos: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”
Este artículo refuerza el principio de soberanía estatal y la prohibición de injerencia en política interna, salvo excepciones muy específicas previstas en la Carta.
Además, tampoco existe una base sólida en el derecho interno estadounidense que permita este tipo de operaciones sin un control efectivo del Congreso. Washington ha vuelto a recurrir a una práctica conocida: interpretar las normas cuando conviene e ignorarlas cuando estorban.
Maduro dio un golpe de Estado
Pero denunciar la ilegalidad de la intervención estadounidense no convierte automáticamente al régimen de Maduro en víctima. El chavismo lleva años dinamitando el orden constitucional venezolano: vaciamiento de la Asamblea Nacional, control del poder judicial, manipulación electoral y uso sistemático de la represión... Maduro no es un gobernante acosado desde fuera; es el resultado de un golpe de Estado prolongado, ejecutado desde el interior de las instituciones para anularlas.
La prioridad de Washington no es liberar a los venezolanos
Estados Unidos no actúa por altruismo democrático. Su prioridad no es la libertad de los venezolanos, del mismo modo que no lo es en otras dictaduras, como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes, con las que mantiene relaciones cordiales. Venezuela importa por su petróleo, por su posición estratégica y por su valor como pieza en el tablero geopolítico. La defensa de los derechos humanos funcionan como argumento legitimador, pero no es el motor real de la política exterior estadounidense.
La caída de la dictadura chavista es una buena noticia
Aceptar todo lo anterior no impide, ni debería impedir, celebrar el fin de una dictadura. La caída del régimen chavista es positiva , independientemente de las motivaciones de quienes la precipiten: que Estados Unidos actúe por interés no convierte al chavismo en menos autoritario. Que la intervención sea ilegal no convierte al régimen en legítimo. La historia está llena de desenlaces deseables provocados por actores profundamente cuestionables.
Defender el derecho internacional exige denunciar la intervención estadounidense. Defender la democracia exige denunciar el golpe institucional de Maduro. Defender a los venezolanos exige no creerse el cuento salvador de Washington. Y defender la libertad exige no lamentar la caída de una dictadura.
Venezuela no necesita héroes extranjeros ni tiranos nacionales. Necesita instituciones, legalidad y memoria... todo lo demás es ruido.