Externalizar el sufrimiento: La deslocalización de las fronteras europeas

En pleno invierno de 2025, mientras Europa se prepara para la Navidad y millones celebran con seguridad y abundancia, miles de personas migrantes sufren en silencio, atrapadas en rutas peligrosas que se han convertido en trampas mortales. En estas fechas, cuando el frío y el desamparo resultan aún más crueles, la tragedia de la externalización de fronteras se hace dolorosamente evidente. Hombres, mujeres y niños soportan hambre, violencia, tratos inhumanos y la incertidumbre de un destino que Europa se niega a asumir. Se trata de la nueva y última revolución silenciosa del viejo continente, velada y desconocida para el gran público, que se manifiesta de manera especialmente sibilina, casi invisible, bajo el pretexto de una gestión migratoria racional y coordinada, tan eficiente sobre el papel como letal sobre el terreno.

Y es que la externalización de fronteras no es un mero tecnicismo administrativo ni un esfuerzo neutro por “ordenar” la migración. En términos concretos, consiste en desplazar fuera del territorio europeo la responsabilidad de controlar, contener y, en muchos casos, retener forzosamente a las personas migrantes mediante acuerdos con terceros países, financiación de cuerpos policiales extranjeros, y programas de cooperación o apoyo a centros de detención. Es, en esencia, una estrategia de desentendimiento calculado.

En otras palabras, la Unión Europea opta por desplazar sus fronteras más allá de su propio territorio pagando con dinero público, acuerdos comerciales o ayuda al desarrollo a Estados no miembros para que actúen como policías y carceleros de aquellas personas vulnerables que sólo buscan protección. En la práctica, se trata de trasladar los riesgos y la violencia fuera del escrutinio del ciudadano europeo, asegurando que las muertes, la tortura, los campos de detención inhumanos o las devoluciones en caliente no ocurran en casa y así puedan seguir siendo invisibles.

Los ejemplos son múltiples y reveladores: Libia, Marruecos, Argelia, Turquía y Egipto forman ya parte de la creciente red en la que Europa ha externalizado sus fronteras; todos ellos países que, si bien tienen contextos políticos y sociales diferentes, comparten un historial más que cuestionable en materia de respeto a los derechos humanos, lo que hace particularmente grave que la Unión Europea confíe en ellos como guardianes de sus límites. Al trasladar la vigilancia y la violencia a estos países, Europa no solo se desentiende de toda responsabilidad directa, sino que legitima indirectamente prácticas inaceptables dentro de su propio territorio, pero perfectamente tolerables siempre que ocurran a una distancia prudente de Bruselas.

Por añadidura, España no sólo dista mucho de ser una excepción, sino que se ha integrado plenamente como una pieza más del engranaje europeo de externalización de fronteras. En el flanco atlántico, nuestro país ha articulado su propia arquitectura de contención mediante acuerdos con Mauritania y Senegal destinados a frenar la llegada de personas migrantes a Canarias. El efecto, lejos de reducir el fenómeno, ha sido su desplazamiento, pues la ruta atlántica se ha estirado hacia Gambia, empujando a miles de personas a emprender travesías marítimas cada vez más largas, precarias y mortales. Esta estrategia, cuidadosamente revestida del lenguaje aséptico de la cooperación internacional, ha incrementado de forma dramática el coste humano de la migración, transformando su gestión en una maquinaria de producción de riesgo y muerte.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitan Mauritania para hablar sobre migración. Fuente: captura de pantalla del feed de X del video del gobierno español sobre la llegada, publicado el 8 de febrero de 2024, @desdelamoncloa. Extraído de InfoMigrants

Lo paradójico —aunque quizá no sorprendente— es que esta política se presente como un ejercicio de “responsabilidad y realismo”, cuando en realidad responde menos a una necesidad objetiva que a una lógica de política interna dominada por la securitización del fenómeno migratorio y el temor al castigo electoral. Europa se reivindica así como un espacio de derechos, libertades y valores universales mientras subcontrata sus fronteras a regímenes autoritarios, en un intento poco disimulado de tranquilizar a electorados cada vez más sensibles al discurso del miedo. Pero no se dejen engañar, no se trata tanto de gestionar la migración como de gestionar el voto.

En este contexto, no resulta extraño tampoco que gobiernos liderados por fuerzas de tradición socialdemócrata se hayan situado, en la práctica, entre los más diligentes a la hora de aplicar políticas migratorias duras y restrictivas, no como resultado de una convicción ideológica profunda, sino como parte de una lógica de supervivencia electoral que busca neutralizar el avance de la extrema derecha asumiendo buena parte de su marco discursivo. Así, lejos de frenar la deriva xenófoba, esta estrategia contribuye a institucionalizarla, desplazando progresivamente el debate político hacia posiciones cada vez más punitivas y deshumanizantes.

Los socialdemócratas de Mette Frederiksen, que lideran el gobierno desde junio de 2019, adoptaron una postura más estricta en materia de inmigración después de que el partido perdiera las elecciones de 2015. Fuente: Jens Dresling/Ritzau Scanpix/AP/picture-alliance. Extraída de InfoMigrants

Al externalizar sus fronteras, Europa ha encontrado una fórmula extraordinariamente eficaz para preservar la apariencia de humanidad mientras esquiva toda responsabilidad sustantiva. La dignidad, la solidaridad y los derechos fundamentales dejan de ser principios universales para transformarse en privilegios geográficamente selectivos, aplicables únicamente a quienes se encuentran dentro de sus fronteras o bajo su vigilancia directa. Cada uno de estos acuerdos contribuye, por tanto, a erosionar la coherencia moral de la estructura fundacional de la Unión Europea, normalizando que la vulnerabilidad y el sufrimiento de miles de personas sean tratados como un daño colateral perfectamente asumible —cuando no convenientemente invisible— para las autoridades europeas.

En definitiva, la supuesta eficiencia del sistema de externalización de fronteras resulta difícilmente discutible, aunque únicamente en un aspecto: su capacidad para esquivar el debate público, diluir la rendición de cuentas y preservar intacta la comodidad política europea, incluso cuando el coste humano aumenta año tras año lejos del foco mediático. Que el sufrimiento tenga lugar fuera de nuestras fronteras no lo sitúa fuera de nuestra responsabilidad, por mucho que se insista en lo contrario. Y mientras sigamos desplazando las fronteras para no afrontar las consecuencias humanas que generan, estaremos también desplazando aquello que, al menos en teoría, daba sentido al propio proyecto europeo.